Encuentre las respuestas a las preguntas más frecuentes sobre nuestros servicios legales.
El ius sanguinis es el principio por el cual la ciudadanía se transmite por descendencia. Si el antepasado italiano no renunció a la ciudadanía antes del nacimiento del descendiente directo, puede solicitar el reconocimiento de la ciudadanía italiana por ius sanguinis.
La ciudadanía por matrimonio puede solicitarse después de dos años de residencia legal en Italia desde el matrimonio (que se reducen a uno en presencia de hijos) o después de tres años si residen en el extranjero. Le apoyamos en la fase de instrucción, verificando la validez de los certificados penales y del título de idioma (nivel B1), gestionando el envío telemático de la solicitud y supervisando los plazos de respuesta de la Prefectura para evitar retrasos injustificados.
Los plazos varían según la vía elegida: vía administrativa en el ayuntamiento (6-12 meses), vía consular (24-36 meses), vía judicial para casos 1948 (12-24 meses).
Se necesitan las actas de nacimiento, matrimonio y defunción de todos los ascendientes desde la línea italiana hasta usted, además de su acta de nacimiento y certificado penal. Todos los documentos deben estar traducidos y legalizados.
Los retrasos burocráticos y las denegaciones son lamentablemente frecuentes. En estos casos, intervenimos con prontitud para instar a la Comisaría o para presentar observaciones y recursos contra las resoluciones de denegación o de expulsión. Una intervención legal estructurada permite a menudo desbloquear trámites atascados por errores documentales o por inercia de la Administración Pública, protegiendo su derecho a residir regularmente en el territorio nacional.
Por supuesto que sí. El Digital Nomad Visa es una de las opciones más recientes e interesantes para quienes desean vivir en Italia continuando trabajando para empleadores extranjeros. Le asistimos en la verificación de los requisitos de ingresos, en la contratación del seguro sanitario correcto y en la preparación documental necesaria para demostrar su cualificación profesional. Dada la complejidad de la normativa, nuestro apoyo evita que errores formales bloqueen su solicitud en el Consulado o en la Comisaría.
Para obtener el permiso ilimitado (que ahora presenta un formato actualizado con microchip biométrico), es necesario demostrar unos ingresos mínimos anuales derivados de fuentes lícitas. Para 2026, los parámetros actualizados requieren aproximadamente 7.000 € para el solicitante único. Si se solicitan familiares a cargo, el umbral aumenta: aproximadamente 10.500 € para un familiar y 14.000 € para dos. Le ayudamos a verificar la solidez de su posición fiscal y a preparar correctamente el «kit postal» para evitar denegaciones por parte de la Comisaría.
La ciudadanía por residencia (naturalización) requiere 10 años de residencia legal ininterrumpida para los ciudadanos extracomunitarios. Incluso breves «lagunas» en la residencia padronal o en la renovación del permiso pueden causar la denegación de la solicitud. Nuestra función es analizar su historial: si ha habido interrupciones, valoramos si son justificables o si es necesario regularizar la situación antes del envío, asegurándonos de que también cumpla los requisitos de ingresos de los últimos 3 años y el certificado de idioma italiano B1.
En estos casos se entra en el derecho internacional de familia. Gestionamos regularmente procedimientos con elementos de internacionalidad, coordinándonos con corresponsales extranjeros si es necesario. Nos ocupamos de identificar la jurisdicción correcta y la ley aplicable para gestionar divorcios, custodia de menores o división de bienes situados en países diferentes, protegiendo sus intereses también más allá de las fronteras nacionales.
Sí, incluso en las separaciones de mutuo acuerdo la asistencia de un abogado es fundamental. Nuestro despacho le apoyará en la redacción de los acuerdos y en el procedimiento de negociación asistida, una solución más rápida que el tribunal que permite definir en plazos breves cuestiones cruciales como la custodia de los hijos, la asignación de la vivienda familiar y el importe de la pensión alimenticia, garantizando que cada cláusula sea jurídicamente sólida.
Ciertamente. Asistimos a parejas (tanto para matrimonios como para uniones civiles o convivencias de hecho) en la elección del régimen patrimonial más adecuado y en la redacción de acuerdos específicos. Estos instrumentos están pensados para prevenir conflictos futuros y garantizar una protección clara del patrimonio personal y familiar, actuando con antelación con equilibrio y discreción.
La asignación de la vivienda no depende de la propiedad del inmueble, sino del interés superior de los menores: la vivienda corresponde, por regla general, al progenitor con quien los hijos conviven principalmente (custodio), para garantizarles continuidad ambiental. En cuanto a la pensión alimenticia, no existe una cifra fija: el juez (o el acuerdo entre las partes) valora los ingresos de ambos progenitores, el nivel de vida disfrutado durante la convivencia y los tiempos de permanencia con cada progenitor. Nuestro despacho le ayuda a simular el cálculo y a estructurar un acuerdo que sea sostenible y equilibrado para todas las partes implicadas.
En absoluto. En presencia de pasivos, le ayudamos a valorar cuidadosamente la situación patrimonial para elegir el camino más seguro: la renuncia a la herencia o la aceptación a beneficio de inventario. Esta última opción le permite distinguir su patrimonio personal del del difunto, pagando las eventuales deudas solo dentro de los límites del valor de los bienes heredados. Le apoyaremos en cada fase de la valoración para proteger sus finanzas personales.
La declaración de sucesión debe presentarse ante la Agencia Tributaria en un plazo de 12 meses desde la fecha del fallecimiento. Es un trámite complejo que requiere el cálculo preciso de los impuestos y una documentación completa. Nuestro despacho le asiste en el cumplimiento de este plazo, evitándole sanciones pecuniarias y garantizando que todos los pasos burocráticos, desde el registro del fallecimiento hasta las comunicaciones obligatorias, se ejecuten correctamente.
Las sucesiones internacionales requieren una competencia específica para coordinar legislaciones y autoridades de países diferentes. Nuestro despacho gestiona regularmente trámites transfronterizos, asegurando que las disposiciones testamentarias se interpreten correctamente y que la división hereditaria se realice respetando las normativas internacionales. Nos ocupamos nosotros de dialogar con los profesionales y los organismos extranjeros, simplificando un procedimiento que de otro modo resultaría extremadamente oneroso para los herederos.
Sí, por supuesto. La ley italiana prevé la figura de los herederos legitimarios (cónyuge, hijos y, en ausencia de hijos, los padres), a quienes corresponde por ley una cuota del patrimonio llamada «legítima». El testador no puede disponer libremente de todos sus bienes si esto lesiona los derechos de los legitimarios. Si el testamento o las donaciones realizadas en vida por el difunto han reducido su cuota correspondiente, podemos actuar con una acción de reducción para reintegrar sus derechos hereditarios. Verificaremos juntos el caudal hereditario total (incluidas las donaciones previas) para recuperar lo que le corresponde por derecho.
La compra de un inmueble en Italia por parte de no residentes requiere verificaciones específicas. Nos ocupamos nosotros de la diligencia debida completa: controlamos la regularidad en el Catastro y en el Registro de la Propiedad, verificamos la ausencia de hipotecas y gestionamos las relaciones con el Notario y la Agencia Tributaria. Le asistimos además en la gestión de la fiscalidad y en la traducción o explicación de los documentos, garantizando que la inversión sea segura y transparente desde la oferta hasta la escritura.
En caso de morosidad o incumplimiento contractual, intervenimos para proteger sus derechos como propietarios. Gestionamos toda la fase del contencioso y de los procedimientos de desahucio, buscando inicialmente una resolución extrajudicial para acelerar los plazos y, si es necesario, procediendo por vía judicial. Nos ocupamos también de la recuperación de las rentas no abonadas y de la gestión de las relaciones con la Agencia Tributaria para los aspectos fiscales relacionados con la resolución del contrato.
La presencia de vicios ocultos o disconformidades no declaradas es una de las principales fuentes de litigios inmobiliarios. Le ofrecemos asistencia para valorar la gravedad del vicio y la responsabilidad del vendedor o del constructor. Podemos negociar una reducción del precio, solicitar la eliminación de los defectos a cargo de la contraparte o, en los casos más graves, actuar para la resolución del contrato preliminar y la indemnización por daños, protegiéndole de pérdidas económicas imprevistas.
En estos casos la ley le protege contra los denominados vicios ocultos, es decir, defectos preexistentes a la venta pero no fácilmente reconocibles en el momento de la compra. Tiene dos vías principales: la reducción del precio (acción estimatoria) o, en los casos más graves que hacen el inmueble inadecuado para su uso, la resolución del contrato (acción redhibitoria) con devolución de lo abonado. Atención, sin embargo, a los plazos: debe denunciar el vicio al vendedor en un plazo de 8 días desde el descubrimiento y la acción legal debe iniciarse en el plazo de 1 año desde la entrega del inmueble. Le asistiremos en la redacción del requerimiento y en la eventual pericia técnica para cuantificar el daño.
Las operaciones transfronterizas son nuestra especialidad. Le asistimos en cada fase de la internacionalización, desde la diligencia debida legal sobre las sociedades objetivo hasta la estructuración de fusiones o adquisiciones (M&A). Gracias a nuestra experiencia específica en el eje Italia-LATAM, coordinamos los aspectos normativos de diversos países para garantizar que la operación sea segura, eficiente y conforme a las leyes locales e internacionales.
La adopción del Modelo 231/2001 no es solo un trámite formal, sino un escudo legal que exime a la empresa de la responsabilidad administrativa por delitos cometidos por empleados o directivos. Junto con la revisión de los estatutos y la redacción de pactos parasociales, esta intervención sirve para estabilizar el gobierno corporativo, prevenir conflictos entre socios y hacer la empresa más fiable ante bancos e inversores.
En la fase de crecimiento es vital blindar la propiedad intelectual y definir claramente las «reglas del juego». Ofrecemos servicios a medida que incluyen la redacción de contratos comerciales sólidos y pactos entre socios que disciplinen la entrada de nuevos inversores y las cláusulas de salida (exit). Nuestro objetivo es proteger el valor de su innovación, garantizando que las financiaciones se gestionen sobre bases legales transparentes y seguras.
En una sociedad de capital (como una S.L. o una S.A.), el patrimonio de la sociedad es distinto del de los socios. Sin embargo, como administrador, puede ser llamado a responder personalmente e ilimitadamente con sus bienes si no ha cumplido con los deberes de ley. Por ejemplo, si no ha adoptado las «estructuras organizativas adecuadas» previstas por el Código de la Crisis Empresarial para detectar oportunamente el estado de insolvencia, o si ha realizado operaciones arriesgadas después de que el capital social ya se hubiera perdido. Nuestro despacho le asiste en la verificación del cumplimiento normativo empresarial y en la gestión de la crisis para proteger su patrimonio personal de eventuales acciones de responsabilidad.
